¿30 años de cárcel por twittear?

Tomado de Animal Político
Omar Granados (@ogranados1)

Luego que dos tuiteros fueran arrestados por la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) del gobierno del priista Javier Duarte acusados de actos terroristas por el gobierno y por “sembrar el pánico” entre ciudadanos de Veracruz, empiezan las reflexiones sobre la libertad de expresión en las redes sociales. De acuerdo con las autoridades, los acusados habrían publicado avisos falsos de bomba en varios colegios veracruzanos vía Twitter usando las etiquetas #verfollow y #Veracruz despertando el nerviosismo entre los habitantes de Veracruz.

Ese día, diversos medios reportaban que algunas escuelas pidieron a los padres de familia acudir por sus hijos por miedo a que dichas amenazas se cumplieran, ocasionando un colapso en el tráfico del centro de la ciudad, así como en la red de telefonía celular y en algunos correos electrónicos. Tras la alarma, el gobernador veracruzano, @Javier_Duarte, publicó un mensaje, también a través de Twitter, donde informaba que los mensajes publicados con las amenazas de bomba eran falsos:

“El 100% de las escuelas públicas abrieron sus puertas y reportan sus actividades sin ningún incidente, los niños y jóvenes están en clases”.

El titular de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), Adolfo Mota, realizó un recorrido por varios centros educativos y aseguró ante medios de comunicación que las clases se habían “iniciado con normalidad”

El gobierno advirtió que perseguiría a los presuntos responsables de esta información y buscaría castigarlos utilizando el "artículo 311 (del Código Penal de Veracruz)". El artículo en cuestión tipifica el terrorismo:

“Artículo 311.-A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de 750 días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años. A quien, conociendo las actividades de un terrorista y su identidad, no lo haga saber a las autoridades se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario“.

Entrevistado en torno a las críticas surgidas contra el gobierno estatal en torno a esta medida, Duarte subrayó: “No hemos censurado jamás a un medio de comunicación en las acciones que hemos tomado, siempre de cara, de frente a la sociedad nosotros hacemos lo que nos corresponde”.