Se acota la figura del arraigo en Baja California Sur

El Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código de Procedimientos Penales  mediante las cuales se acota la figura del arraigo en la entidad, al pasar de treinta a veinte días el tiempo que una persona podrá ser sujeta por la autoridad judicial a dicha medida cautelar; asimismo los diputados 

aprobaron también que el lugar en donde se realicen este tipo de acciones, “debe de ser un sitio en el que se preserven a toda costa los Derechos Humanos”, y por último votaron que el  juez que otorgue la medida a solicitud del Agente del Ministerio Público deberá cuidar que se cumplan a cabalidad los requisitos previamente establecidos apercibidos de incurrir en incumplimiento de un deber legal, es decir que la autoridad judicial en caso de incumplimiento podrá ser procesada.

En la única intervención en la tribuna el Diputado Omar Antonio Zavala Agúndez introdujo cambios al dictamen inicial que planteaba la desaparición total de la figura del arraigo. Al hacer uso de la voz señaló que con el ánimo de ponderar buenos oficios políticos que dan paso a los acuerdos que a todos nos benefician, “tomo la decisión de modificar el proyecto de decreto, puesto que creemos que debemos abonar a los avances para lograr una justicia de calidad para todos los sudcalifornianos, y en ello no albergamos obsesiones personales y mucho menos conductas mezquinas. La decisión de modificarlo en los términos que lo presentamos, es una aportación para lograr los consensos que se requieren para avanzar en nuestro estado”.

En una propuesta presentada al pleno de la XIII Legislatura por el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Antonio Zavala y votada con 16 diputados a favor y tres abstenciones, señalan que el arraigo pasa en Baja California Sur de 30 días a 20, “conforme a un parámetro que se ha venido marcando en el contexto nacional en esta materia”.

En lo relacionado al procedimiento, los legisladores ratificaron que será la autoridad judicial la que a solicitud del Agente del Ministerio Público del Fuero Común solicite el arraigo para una persona que en caso de delito grave “haya temor fundado de que el inculpado evada la acción de la justicia”.

Zavala Agúndez puntualizó que las leyes mexicanas y los tratados de los que México es signatario precisan del escrupuloso cuidado de los derechos humanos, por ello fue aprobado que en el lugar en donde se lleve a cabo el arraigo o medida cautelar se deberán preservar “a toda costa” los derechos humanos, “habrá un trato digno, la comunicación con los familiares y defensores y la guarda de su integridad física, psicológica y moral”.

Destacó el responsable de la Comisión de Seguridad Pública fue puntual al señalar que el arraigo “nunca deberá ser en un recinto destinado a la prisión preventiva o de ejecución de sanciones o de los establecimientos penitenciarios, indicando que en todo momento los organismos protectores de los derechos humanos podrán revisar la aplicación de esta medida.

Dijo que este paso es producto de acuerdos  en la XIII Legislatura que benefician a la sociedad sudcaliforniana, “fortalecen nuestra vida institucional y dan confianza en un trabajo legislativo que busca el avance de nuestro estado”.