Luis Armando Díaz, Jáuregui, y el Pipi Ibarra detenidos por incumplimiento de un deber

Elementos de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales ejecutaron la noche del 30 de noviembre y la mañana de este 01 de diciembre orden de aprehensión girada por el Juez de primera instancia del ramo penal de esta ciudad en contra de los Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza como probables responsables en la comisión del delito de Incumplimiento de un Deber Legal previsto y sancionado por el artículo 148 fracción V de Código Penal vigente en la entidad, quedando a disposición del Juez de la Causa que los reclama quien determinará sobre su situación jurídica.

El Abogado del Estado señaló que los hechos se derivaron por la denuncia interpuesta por Director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra del Gobierno del Estado de Baja California Sur, por la enajenación de siete bienes inmuebles, ubicados en el fraccionamiento denominado “El Pedregal” ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos. Dichos inmuebles en el año 2007 fueron licitados con un valor de $76 millones 200 mil pesos, a favor de la empresa Las Veredas de San José S. De R.L. de C.V., licitación que después de casi tres años, no obstante haberse mencionado estar cubierto el precio total de la licitación, no se realizó de esa manera.

Arreola Leal señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado se actúa conforme a Derecho, negó que se trate de alguna persecución política.

El artículo 148 fracción V de Código Penal a la letra dice ¨Comete el delito de incumplimiento de un Deber Legal y se le aplicará la misma pena del artículo anterior, cualquier servidor público que: Fracción V incurra dolosamente, con motivo de sus funciones, en omisiones que produzcan daño a una persona o una ventaja indebida a los interesados en un negocio cualquiera¨.

Artículo 147 ¨Se impondrá de uno a seis años de prisión a los servidores públicos que, en perjuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los medios o la autoridad que éstas les otorguen, incurran en los siguientes abusos¨.