La justicia se debe aplicar sin importar posturas ideológicas, partidistas y mucho menos influencias y compadrazgos derivados del ejercicio del poder, como se había venido repitiendo una y otra vez en el sonado caso de la invasión de “La Ballena”. La detención y encarcelamiento de Cesar Uzcanga, debe exhibir, y sancionar a los involucrados que desde el PRD estuvieron y siguen en el gobierno de Los Cabos.
Hemos sido críticos en los señalamientos por la falta de impartición de justicia en el pasado Gobierno del Estado y permanentes en la administración municipal de Los Cabos, hemos exhibido los nombres, atropellos, abusos de autoridad que desde el gobierno y su partido político se han cometido.
Nuestro reconocimiento al actuar de las autoridades judiciales, que al ejercer esta orden de aprensión, cumple con su responsabilidad de gobernar sin distingos y de ejercer la Ley en toda acción que la trastoque.
Debe ahora seguir el proceso a quienes junto con Cesar Uzcanga fueron denunciados, y sobre todo la autoridad municipal debe explicar por que no ha dado cumplimiento y ha hecho cumplir la Ley de Desarrollo Urbano y el reglamento de fraccionamientos del Estado en cuanto a la falta de aplicación de los procedimientos administrativos que enmarcan su legalidad.
Los involucrados son varios y lamentablemente algunos ocupan puestos de responsabilidad en el ayuntamiento perredista lo que deja un mal ejemplo para la población, y se genera la desconfianza en quienes hoy presiden el municipio de Los Cabos. Funcionarios de primer nivel que en otros ayuntamientos ocuparon responsabilidades como Director del Registro Publico de la Propiedad, Director de Catastro, Director de planificación, Director de Agua Potable y Sindico Municipal.
Una muestra de la ilegalidad, el abuso de confianza, los intereses de grupo y el atropello que se ha llevado a cabo en este destino son sin duda las invasiones y en el caso de “la Ballena” se dieron registro de títulos apócrifos, mas de 17000 claves catastrales otorgadas al hoy consignado Cesar Uzcanga en la administración municipal de Luis Armando Díaz, no se aplicaron reglamentos por parte de Planificación y Sindicatura, se otorgo agua potable en forma clandestina a sabiendas que eran terrenos irregulares.
La Ley se debe de aplicar a todos los involucrados, no es posible que quienes la infringieron, hoy de nuevo ocupen espacios de autoridad municipal.

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