El Partido Revolucionario Institucional celebra que finalmente el Gobierno del Estado haya presentado las denuncias correspondientes en contra del exgobernador Narciso Agúndez y varios exfuncionarios de su administración, sin embargo, espera que se llegue al fondo de la investigación para que no sea solamente una cortina de humo, un golpe mediático, dadas las circunstancias difíciles que presenta Baja California Sur.
Así se expresó el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Ricardo Barroso Agramont, quien manifestó su confianza en que las autoridades judiciales actuarán conforme a derecho. “Más allá de las siglas partidistas y de las diferencias políticas, aplaudimos la decisión de llamar a cuentas a quienes han sido señalados como responsables del quebranto financiero que padece Baja California Sur”, subrayó.
El delegado del CEN dijo que la sociedad sudcaliforniana se ha manifestado en contra de la impunidad y el abuso de poder, al advertir que el jefe del Ejecutivo debe saber de la existencia de una amplia red de complicidades que datan desde el primer sexenio perredista con la venta indiscriminada del patrimonio estatal incluyendo playas y predios de alto valor económico. “La gente quiere saber realmente qué pasó con las ventas de El Mogote, El Caimancito y el Cerro de la Calavera”.
Ricardo Barroso señaló que no sólo se trata de las dos últimas administraciones estatales de extracción perredista con serias irregularidades en la SEP, la API y la SEPUI; también deben investigar y proceder sobre la corrupción en los ayuntamientos de Baja California Sur. “Estamos seguros que los actuales gobiernos municipales de La Paz y Loreto no tolerarán la impunidad”, precisó, al advertir que hay funcionarios estatales que participaron en la anterior administración y que también deben ser sujetos de investigación.
Así se expresó el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Ricardo Barroso Agramont, quien manifestó su confianza en que las autoridades judiciales actuarán conforme a derecho. “Más allá de las siglas partidistas y de las diferencias políticas, aplaudimos la decisión de llamar a cuentas a quienes han sido señalados como responsables del quebranto financiero que padece Baja California Sur”, subrayó.
El delegado del CEN dijo que la sociedad sudcaliforniana se ha manifestado en contra de la impunidad y el abuso de poder, al advertir que el jefe del Ejecutivo debe saber de la existencia de una amplia red de complicidades que datan desde el primer sexenio perredista con la venta indiscriminada del patrimonio estatal incluyendo playas y predios de alto valor económico. “La gente quiere saber realmente qué pasó con las ventas de El Mogote, El Caimancito y el Cerro de la Calavera”.
Ricardo Barroso señaló que no sólo se trata de las dos últimas administraciones estatales de extracción perredista con serias irregularidades en la SEP, la API y la SEPUI; también deben investigar y proceder sobre la corrupción en los ayuntamientos de Baja California Sur. “Estamos seguros que los actuales gobiernos municipales de La Paz y Loreto no tolerarán la impunidad”, precisó, al advertir que hay funcionarios estatales que participaron en la anterior administración y que también deben ser sujetos de investigación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario