Política en su Tinta

Primer aviso

Ayer, el gobernador del estado, Marcos Covarrubias dio el primer aviso de lo que puede ser una cascada de denuncia en contra de funcionarios de la pasada administración, que encabezó Narciso Agúndez.

Este primer campanazo debe servir de alerta a quienes se sintieron intocables e hicieron y deshicieron a su antojo con los bienes y el dinero de Baja California Sur.

La actitud de Marcos despierta la esperanza en un pueblo dejado, robado, saqueado, que dejaron Leonel Cota y su primo negado.

Claro, falta lo que las investigaciones arrojen. Pero es alentador que se pudieran castigar los abusos del poder de quienes se fueron.

Ayer, el Procurador General de Justicia, Gamil Arreola, en conferencia de prensa, anunció los presuntos delitos cometidos por Narciso y algunos otros funcionarios.

El abogado del estado dijo, entre otras cosas: “Abuso de autoridad, Coalición de Servidores Públicos, Peculado y Falsedad de Funcionarios Públicos al Ingeniero Narciso Agúndez Montaño, Ex Gobernador Constitucional del Estado de Baja california Sur, e Ingeniero Guillermo Jáuregui Moreno, Ex Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, así como, contra quien o quienes resulten responsables en agravio de la Administración Pública.

Por lo que se refiere a los delitos de Promoción y Coparticipación en Conductas Ilícitas de Funcionarios Públicos, se menciona como probables responsables a los señores Luís Pedro Cervantes Santamaría y Hassan Mansur González, así como contra quien o quienes resulten responsables en agravio de la Administración Pública y el Patrimonio del Gobierno del Estado.

Por otro lado, me permito hacer de su conocimiento que en fechas pasadas el Gobierno del Estado demando en la vía ordinaria civil a los señores RAMON ALEJO PARRA OJEDA Ex Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, HECTOR GUADALUPE IBARRA ESPINOZA Ex Oficial Mayor de Gobierno en la administración inmediata anterior, así como ALFONSO VILLANUEVA VALENCIA, solicitando en dicha demanda a la Autoridad Judicial, la declaración de que los demandados han incurrido de manera premeditada en la simulación de actos jurídicos en perjuicio de la Administración Pública del Gobierno del Estado, lo anterior derivado del contrato de compraventa celebrado en fecha tres de julio de 2007.

Lo anterior tiene como antecedente el litigio laboral que los empleados de la empresa California Conections S.A. de C.V. entablaron en contra de esta última, obteniendo los trabajadores como resultado sentencia definitiva en la cual se ordenaba cubrir todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Al encontrarse la empresa California Conections S.A. de C.V. insolvente para cubrir las prestaciones reclamadas los trabajadores se adjudican el inmueble e instalaciones que ocupaba en su momento California Conections S.A. de C.V. por la cantidad de $27,000,000.00. Una vez que los trabajadores se adjudican dicho inmueble e instalaciones, solicitan apoyo al Gobierno del Estado, con la intención de que este último les ayude a promover y concretar la venta del inmueble objeto de la adjudicación mencionada, para lo cual, los trabajadores otorgan poderes a favor de los señores HECTOR GUADALUPE IBARRA ESPINOZA Y RAMON ALEJO PARRA OJEDA quienes fungieron como Oficial Mayor y Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, en la administración inmediata anterior.

Ante la necesidad de los trabajadores y la dificultad de venta de un inmueble de tal precio, se realiza un convenio entre los trabajadores y el Gobierno del Estado, en el cual la Administración Pública inmediata anterior paga en parcialidades el importe de la liquidación total laboral de los empleados de dicha empresa y con ello adquiere los derechos de disposición y posesión del citado inmueble, predio propiedad de los trabajadores, convirtiéndose con esto en legitimo propietario de dicho inmueble”. Hasta mañana, que Dios los bendiga a todos.