Satisfacción
La sociedad paceña, en lo particular y la sudcaliforniana, mostraron ayer, de diversas maneras, su satisfacción por la detención del ex director de Comunicación Social del gobierno de Narciso Agúndez, Antonio Alcántar López. Se espera que las autoridades se muestren inflexibles y no cedan a la presión política que el ex gobernador y su pandilla quieran ejercer sobre las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia. Si Antonio es culpable, debe para su delito, si no tiene ninguna responsabilidad, el gobierno quedara expuesto a la opinión negativa de la sociedad. Los abogados de Alcántar están pidiendo la reclasificación del delito para que pueda obtener su libertad bajo fianza.
Es deseable que no ocurra lo que con Narciso Agúndez que, como ya se sabe, obtuvo un amparo de la justicia federal y nunca piso la cárcel. Y como fueron los casos de Luis Armando Díaz y otros ex funcionarios que obtuvieron casi de inmediato su libertad. En este caso se trata de un funcionario prepotente, que gozo de la impunidad que le daba el ser cercano colaborador del gobernador. El Procurador General Justicia, Gamil Arreola, se encuentra en la Ciudad de México participando en un evento nacional, pero ayer hizo declaraciones en el sentido de que “la justicia se aplicara con todo rigor en este caso”. Por otra parte, los abogados, como ya se dijo, están aportando pruebas de la inocencia de Alcántar y para ello contaran con testigos durante estos seis días, hasta vencer el plazo constitucional que se amplio al doble. Sin embargo, lo que no se ha decidido todavía es la reclasificación del delito y si esta acusación persiste y se sostiene Alcántar no alcanzaría fianza.
La sociedad paceña reclama que, en el caso de Narciso Agúndez, se busque un mecanismo legal que permita que el ex gobernador comparezca y pague los delitos de que se le acusan, pues no es posible que un funcionario menos como Alcántar este en la cárcel mientras que el ex mandatario se pasea tranquilamente por la entidad y en el extranjero. La sociedad considera que la ley debe ser pareja y que todos deben pagar sus culpas.
Existen estados como Sonora que plasmo en su Constitución Política lo que el gobernador puede hacer y lo que no puede hacer. Ese apartado, el último, especifica diez situaciones en los que el gobernador cometería delito en caso de no observarla. En Baja California Sur la Carta Magna tiene ese vacio que es urgente llenar, para castigar a los jefes del ejecutivo por omisión o por actitudes ilícitas. Si ese apartado hubiera existido durante el gobierno de Leonel Cota, el ex gobernador estuviera en la cárcel por el saqueo que hizo de los bienes públicos, de los que todos estamos enterados.
Denuncia
Por mandato del Congreso del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presentó ayer, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, tres denuncias penales contra del Municipio de Mulegé por no solventar cuentas del 2010, y en contra del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable de Mulegé (OOMSAPAM) por irregularidades en los ejercicios 2010 y 2011, informó el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya.
Tintero

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